lunes, 21 de noviembre de 2011

lunes, 14 de noviembre de 2011

Retroactividad Peligrosa

La Sante

Hubo un presidente en Venezuela que hace años respondió a la pregunta de un acucioso periodista que inquiría sobre su estado de salud: “Que él se encontraba en perfectas condiciones físicas, anímicas y mentales”. Quien así respondió fue el Gral. Marcos Pérez Jiménez.
Auto valoración precisa para establecer sin lugar a dudas que estaba sano de verdad, verdad.
Podríamos decir entonces que la salud de cualquier ser humano está sustentada en esa trilogía.
Alguien puede estar fuerte de cuerpo, trotar, y hasta jugar pelota, pero eso no es garantía de que la mollera le esté funcionando adecuadamente. Hasta frases hechas hay para describir a ciertos personajes - que por cierto – sin ayuda alguna del gobierno deambulan por algunas carreteras...
¿Y lo anímico? Podemos estar bien en lo físico y en la mente, pero de repente alguna pésima noticia, por ejemplo de una terrible enfermedad basta para descuadernar el parapeto de la integridad anímica de una persona. El miedo ante lo desconocido, sentir que se acerca la mano fría de la muerte, aunque esta sea una realidad de la que no se tiene escapatoria, su proximidad, seguramente coloca a la persona que la sufre, en un estado de ánimo impropio para tomar siquiera mínimas decisiones personales.
Hoy, nos hemos levantado conociendo la noticia de que Carlos Ilich Ramírez enfrenta un nuevo juicio en Francia. En recientes entrevistas concedidas al Chacal manifestó que había dirigido personalmente más de cien acciones que produjeron unas mil quinientas o dos mil víctimas. Bueno, que un diez por ciento de ellas eran personas inocentes...
Se queja Carlos, el Chacal, por la tardanza del sistema penitenciario francés en entregarle una computadora que le permita estudiar el expediente del juicio. Protesta por la suciedad del calabozo en el que está recluido, se molesta porque hace frío y le quitaron una chaqueta de cuero... Refiere que padece diabetes producto del estrés al que ha sido sometido.
“El distinguido compatriota”, digno exponente y artífice de la lucha por la libertad los pueblos, “ luchador revolucionario”, “ que injustamente” paga condena perpetua en Francia, a quien “ la policía francesa secuestró” “ Se lo llevaron secuestrado desde donde estaba viviendo en Sudan, lo metieron en un saco y se lo llevaron a París, allá está preso” “ yo lo reivindico” “ no podemos permitir que se atropelle a ningún venezolano acusado de lo que sea en ninguna parte del mundo. Tenemos que velar por que se le respeten sus derechos porque es un ciudadano venezolano”, ha precisado para que no quede ninguna duda, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez.
Ramírez capturado en 1994 en Jartun, fue condenado tres años después a dos cadenas perpetuas por un Tribunal Especial de lo Criminal de París. Por el asesinato de dos policías franceses y un confidente, una y la otra cadena perpetua por un triple homicidio. El Chacal fue vinculado con el secuestro en 1975 de once ministros de la OPEP.
No termina el asunto ahí. Reclama Carlos, el Chacal, que la ayuda que le ha enviado el gobierno desde Venezuela, parece que se quedó atorada en alguna agalla oficial. Nos enteramos que el Embajador de nuestro país en Francia se ha apresurado a decir que busquen para otro lado. Que él no fue... Tremendo dilema para el Presidente. A quién le creerá? A Carlos? A quién? Mala cosa debe ser, conociendo los métodos usados por El Chacal, haberse metido con esos churupos....
Pregunto. ¿Ayuda para que Carlos le pague a sus abogados? ¿Por qué? ¿ Por qué esa ayuda?
Y los otros ciudadanos venezolanos, “acusados de lo que sea....” en cualquier parte del globo... reciben ayuda del gobierno para que paguen sus abogados? O los otros presos pagan sus abogados de sus propios hígados? Me gustaría que el Presidente aclarara la diferencia de trato y de consideración....
Hasta aquí me he referido someramente al tema de la declaración del Presidente a favor de Carlos, el Chacal, del día de hoy.
Pero es que el asunto no se agota ahí.
Nada nuevo descubre el Presidente al decir que el Chacal tiene derechos, que por lo demás están perfectamente establecidos en la Constitución. La misma que alguna vez fue calificada como la mejor del mundo y que hoy es desconocida cada vez que se atropella a venezolanos a quienes se expropia, a quienes se somete a juicio por insinuación presidencial, como es el caso patético del Dr. Oswaldo Álvarez Paz, del Gral. de Div. Ítalo del Valle Alliegro y tantos otros que cargan sobre sus hombros la humillación del proceso como pena, o están sembrados en la mazmorra del Sebin, esperando la acción de una justicia que no sea simulada, que es la peor de las injusticias.
No existe para estos presos la oportunidad de recibir tratamiento médico adecuado. Se les deja tomar el sol a cuenta gotas. Una vez por semana....
No me pronunciaré en contra de los derechos del Chacal, que los tiene. Como también los tienen múltiples venezolanos a quienes aquí, en Venezuela, no en Francia, ni en la cárcel de la Sante, sufren ante los ojos de la autoridades correspondientes el drama harto conocido de El Rodeo o de la Planta, o la de cualquiera de las otras cárceles venezolanas.
Se inmiscuye en asuntos internos de Venezuela y por lo tanto viola nuestra sagrada soberanía, eso sí, pisoteada por los cubanos, el órgano internacional que cuestione el caso, por ejemplo de la Jueza Afiuni
No creo que el Presidente haya estado en plenitud de forma al haber dado esta declaración.
Le deseo que se mejore.
Conducir un país requiere de un Presidente sano, tanto mental, como física y anímicamente. Caso contrario estamos metidos en un berenjenal.

Cnel. (Ej.) Luis Alfonso Dávila G.

domingo, 6 de noviembre de 2011

Sin institucionalidad Militar - Fernando Ochoa Antich.

Sin institucionalidad Militar

Fernando Ochoa Antich.

Uno de los objetivos fundamentales de la Revolución Bolivariana ha sido destruir a las fuerzas armadas institucionales que existían en Venezuela en 1998. La ambición de poder de Hugo Chávez así lo ha impuesto. El régimen chavista estableció dos líneas fundamentales de acción: modificar sus valores democráticos y debilitar su prestigio social. Ninguna de estas dos líneas de acción ha logrado alcanzar el éxito totalmente. Las tradiciones militares de más de un siglo lo han impedido. De allí que hayan decidido la creación de los oficiales de milicias, para permitir que jóvenes del PSUV, sin formación militar, puedan formar parte de los cuadros militares e iniciar una fuerte campaña para desacreditar a los jefes militares que ejercieron funciones antes del chavismo.

Eso es lo que busca la apertura del juicio a los generales Ítalo del Valle Alliegro, Manuel Heinz Azpúrua, Freddy Maya Cardona, José Rafael León Orsoni y Luis Guillermo Fuentes Serra, por los sucesos del 27 de febrero de 1989. A todos, excelentes oficiales, mi solidaridad de amigo y compañero de armas. Ese juicio, después de 22 años, sólo trata de justificar ante la historia las razones de los golpes de Estado del 4 de febrero y del 27 de noviembre de 1992. Hugo Chávez conoce que no es fácil olvidar su complicidad en los asesinatos de los oficiales y soldados que murieron esos días. Es la misma estrategia aplicada al sentenciar a los comisarios Simonovis, Forero y Vivas para disminuir la responsabilidad de Hugo Chávez en los sucesos del 11 de abril de 2002.

Los acontecimientos del Caracazo fueron diferentes. Fue un estallido, inicialmente espontáneo, que tomó caracteres de una rebelión popular por la lentitud con que actuaron las diferentes autoridades civiles para tomar las correspondientes medidas de control del orden público y por la intervención de algunos grupos de izquierda radical. La Policía Metropolitana, penetrada como estaba por un grupo subversivo dirigido por Freddy Bernal, actuó con gran debilidad y la Guardia Nacional empezó a operar demasiado tarde. A las pocas horas, la violencia se había extendido por toda Caracas, produciendo gran temor en los sectores de clase media, que al sentirse amenazados por saqueadores empezaron a constituir grupos armados para defender las urbanizaciones.

Los saqueos fueron transmitidos por los medios de comunicación sin medir las consecuencias. La violencia empezó a contagiar otras ciudades. Esta grave situación obligó al gobierno nacional a suspender las garantías constitucionales, establecer el toque de queda y ordenar a las Fuerzas Armadas a aplicar el Plan Ávila a nivel nacional. Este plan cumplió cabalmente su objetivo disuasivo en aquellas guarniciones en que se pudo desplegar a las Fuerzas Armadas antes de iniciarse los saqueos. Lamentablemente, esa no fue la situación de Caracas. Los hechos de violencia, ante la falta de control de las autoridades civiles, empezaron a tomar fuerza en toda la ciudad surgiendo el riesgo de un enfrentamiento armado entre los distintos sectores sociales.

​En esta compleja situación fue que se inició la intervención de las Fuerzas Armadas. El desbordamiento social había tomado tal magnitud que era imposible restablecerlo sin aplicar medidas represivas. Los enfrentamientos se produjeron cuando algunas unidades de las Fuerzas Armadas fueron atacadas con armas de fuego durante el patrullaje y en el momento en que tomaron las zonas altas de la ciudad. Las consecuencias tenían que ser muy graves. Los efectivos del Ejército y la Armada no están entrenados ni sus armas son apropiadas para operaciones de orden público. Además, el combate en localidades es de por si muy complejo ya que el control de las operaciones recae sobre los comandantes de compañía, pelotón y escuadra.

​Justamente, ese es uno de los absurdos que se observa en el razonamiento que hace el Fiscal del Ministerio Público para acusar al general Ítalo del Valle Alliegro. Las Fuerzas Armadas es una organización piramidal: el responsable de un hecho punible es el actor material y el control de su actuación recae en el comandante de su unidad. Tampoco tiene lógica alguna que el general Alliegro por haber sido ministro de la Defensa ese día y responsable del Plan Ávila sea “cómplice necesario” de los homicidios cometidos por los miembros de las Fuerzas Armadas o de las Policías, en cualquier lugar de Caracas, por tener “el deber de supervisar, dirigir y controlar las operaciones”. Yo me pregunto: ¿si no se conocenk los autores materiales de esos supuestos asesinatos puede existir un cómplice necesario? Sin duda, que no. Sencillamente, una gran injusticia.

6 de Noviembre de 2011