Dra. Paulina Gamus - Extracto del Libro "Permitame Que les Cuente" Sobre el Caracazo

Opinión de la Dr. Paulina Gamus Presidente de la Comisión de Política Interior del Congreso Nacional en el año 1989 sobre los sucesos del Caracazo y la aprobación por unanimidad, del Informe sobre dichos sucesos. Dicho informe,  fue firmado por todo sus miembros pertenecientes a los Partidos Políticos existentes para la época.

El 27 de febrero de 1989 el CEN de  AD se encontraba reunido como todos lo lunes en el llamado bunker de la Florida. El apelativo provenía del funcionamiento, en el sótano de esa misma sede, de la Secretaría de Organización a cargo de Luís Alfaro Ucero. Se había tejido toda una leyenda en torno a la existencia en ese sitio, de un aparataje de la mas alta sofisticación gracias al cual Alfaro y su equipo de técnicos tenían un registro de militantes de  AD y de votantes del país, mucho mas completo y confiable que el del Consejo Supremo Electoral.

Alejandro – el ¨Policía¨ - Izaguirre, ministro de Relaciones Interiores, había inaugurado la costumbre de asistir a las reuniones del CEN partidista: mientras discutíamos un tema anodino como era el pleito entre facciones adecas en un Consejo Municipal de poca monta, una de las secretarias le pasó una nota al ministro que la leyó y se retiró del salón sin decir palabra. En algún momento ya cerca de la una de la tarde, salí para ir al baño y los periodista reunidos en la antesala me preguntaron que opinaba sobre lo que estaba sucediendo. ¿Y qué está sucediendo? Me pusieron en autos sobre los disturbios y saqueos en varias zonas de Caracas. Cuando un rato después terminó la reunión, tomé la ruta norma de regreso a mi casa por la Avenida Libertador y ya se veían vidrieras destrozadas y las calles desiertas. Al llegar a mi casa encendí el televisor, los distintos canales mostraban las imágenes de los saqueos en supermercados y otros comercios. Aunque no hubiese sido su intuición, esas imágenes promovieron el incremento de actos de vandalismo y depredación. Desde la ventana de mi habitación podía ver a vecinos de los barrios aledaños cargando con partes de reses que se habían llevado de las casas de abastos cercanas. Aquellas escenas me resultaron aterradoras y deprimentes, jamás imaginé que un caos y un salvajismo colectivo como aquel pudieran ocurrir en ese país amable y solidario que era Venezuela.

Cuando comenzó el debate en el Congreso sobre esos hechos sangrientos y destructivos, cada discurso me hacía llorar y así pasé varias semanas, llorando lo que desde entonces consideré como el principio del fin de nuestro sueño democrático. El Congreso, en sesión plenaria, acordó que la Comisión de Política Interior de la Cámara de Diputados que yo presidía, realizara la investigación de los hechos y determinara las responsabilidades por los muertos y heridos en aquellas cuarenta y ocho horas de horror. Siempre tuve la impresión hasta el día de hoy, aunque no pude probarlo, de que los hechos no fueron espontáneos. Quizá sus planificadores jamás imaginaron las dimensiones que alcanzaría la protesta contra un aumento irrisorio en el precio de la gasolina. Pero el inicio de esa protesta fue un planificado por gente de la oposición y sus derivaciones provocadas por alguna simiente de las que luego serían las bandas armadas del chavismo.

Varios años después, ya con Hugo Chávez en el gobierno, me encontré en el ascensor de un centro comercial con un joven que me reconoció y me dijo que estaba esperando en demostrar que los agitadores de entonces eran los chavistas de hoy. Él y su hermana habían observado desde los edificios distintos en la Avenida Urdaneta de Caracas, la vestimenta y el comportamiento de los motorizados que dirigían los saqueos. Les parecieron idénticos a quienes produjeron disturbios y saqueos el 13 de abril del 2002 , a raíz de la salida y luego el retorno de Chávez al poder. El joven había estado investigando en los archivos del fenecido  Congreso pero no había encontrado nada que le permitiera comprobar su hipótesis. Tampoco yo pude ayudarlo en ese empeño. Quizás la única manera de saber que fue así, es la glorificación que el chavismo se ha empeñado en promover de esos dos días de vandalismo depredador, anarquía, latrocinio y muerte.

Lograr que los diputados de la Causa R como Pablo Medina y Aristóbulo Istúriz, y algunos del MAS como Gustavo Márquez y Enrique Ochoa Antich, aceptaran que no había miles de muertos como proclamaban de manera escandalosa e irresponsable, sino los doscientos setenta y seis que habían constatado las autoridades correspondientes, fue realmente una proeza. Como presidenta de la Comisión recibía a diario decenas de telegramas  que personas afiliadas a Amnistía Internacional enviaban desde distintos países de Europa, Estados Unidos, Canadá y Australia. Casi todos con un mismo texto y con denuncias circunscritas a una determinada persona o bien a los supuestos miles de muertos como consecuencia de la represión militar y policial. Recibimos a representantes de esa organización y fueron invitados a presenciar las reuniones de la Comisión y las interpelaciones a ministros y altos funcionarios militares y policiales.

La elevación de aquellos días de rapiña y caos al rango de efemérides por parte del gobierno chavista, ignora que la mayoría de la población agradeció al ejercito haber controlado la situación aun a costa de la vida de decenas de venezolanos, muchos de ellos victimas inocentes. El Presidente Carlos Andrés Pérez pronunció entonces una de las sentencias mas equivocadas y poco felices de su trayectoria política: dijo que lo ocurrido había sido una reacción de pobres contra ricos. Esa frase demagógica fue desmentida por las imágenes de la televisión  que mostraban a personas de la clase media llevándose electrodomésticos y víveres en sus vehículos, mientras que en los barrios mas  deprimidos los pobres saquearon entre ellos.

Las cadenas de supermercados lograron recuperar rápidamente lo perdido porque tenían seguros que cubrieron los daños pero muchos pequeños comerciantes quedaban en la ruina y sin posibilidades de reponerse. La Comisión decidió elaborar de común acuerdo con bancos del Estado y ministros del área económica, un censo de los pequeños comerciantes agraviados y concederles créditos que les permitieran restablecer sus negocios.

Como elemento demostrativo de la superficialidad que con frecuencia nos caracteriza como colectivo, mujeres de distinto niveles sociales de detenían para hablarme en la calle o en el supermercado y amigas me llamaban por teléfono, para felicitarme por la suerte que tenía de aparecer a cada momento en la televisión sentada al lado de ese ¨muñeco¨.  El ¨muñeco¨ era el entonces ministro de la Defensa, general Ítalo del Valle Alliegro, al que veinte años después del ¨Caracazo¨ el gobierno de Chavéz imputó como responsables de las muertes ocurridas en esos aciagos días de febrero de 1989.

Después del ¨Caracazo¨ nada volvería a ser igual; el gobierno de Pérez II pasó de la arrogancia inicial derivada de la alta votación con la que fue electo, a mostrarse temeroso y errático. Cada medida era ponderada ante la posibilidad de que pudiera desatarse otra revuelta similar a la de febrero del 89. Y ese miedo que fue percibido por los filibusteros que desde diferentes flancos disparaban dardos contra la figura del Presidente. Porque, no cabe dudas, era Pérez y su liderazgo el primer objetivo de la campaña destructiva que luego se extendería hasta su verdadera meta: liquidar el sistema de partidos y a toda la clase política, sin distinciones.

Cuando el 04 de febrero Hugo Chávez negoció su rendición desde el Museo Militar en la Planicie, horas mas tardes los canales de televisión y las radios transmitieron su mensaje desde el Ministerio de la Defensa en el que exhortaba a los insurrecto  a rendirse para evitar mas ¨derramamiento de sangre ya que los objetivos no se habían logrado ¨por ahora¨.

En casi todas las versiones oficialistas de ese breve discurso, se omite la frase referida al derramamiento de sangre con el evidente propósito de que se olvide que la aventura golpista del 4-F-92  costó la vida a un número para siempre indeterminado de militares y civiles. Algunos medios de comunicación informaron entonces que los muertos pasaban de cien. Pero, por razones obvias la propaganda chavista se encargó de echar tierra sobre los cuerpos y nombres de las víctimas del golpe. En contraste, veinte años después del llamado ¨Caracazo¨ la Fiscalía General de la República ha ordenado exhumaciones de personas fallecidas los días 27 y 28 de febrero de 1989, durante ese suceso con la única finalidad de imputar al ex presidente Carlos Andrés Pérez y algunos funcionarios de su gobierno.

Es necesario acotar que así como los 300 años de calma a los que se refería El Libertador en su discurso del 3 de julio de 1811 en la Sociedad Patriótica, fueron apenas turbados por algunas rebeliones originadas en su mayoría por injusticias de orden económico, los 31 años de calma que hicieron eclosión el 27 y 28 de febrero de 1989 estuvieron sustentados en el convencimiento general de la riqueza infinita del Estado y por la creencia de los electores que cada cinco años concurrían masivamente a votar, de que el nuevo presidente sería un nuevo Rey Midas capaz de transformar sus promesas en oro. El 27 y 28 de febrero ocurrió el despertar a una realidad amarga portadora de estrecheces y penurias, fue el fin del apogeo y el inicio del pesimismo que algunos llegan a confundir con decadencia. Fue además el comienzo de la búsqueda de culpas y culpables hasta llegar a culpar a la democracia de los errores y vicios que dieron lugar a nuestra condiciones de nuevos pobres. Los 31 años de calma y apogeo de la democracia fueron plagándose de excesos y desviaciones, de partidocracia, clientelismo político, desorganización  e ineficiencia en la administración y en los servicios públicos, deterioro de la administración de justicia y crecimiento de la marginalidad. Mientras los ingreso petróleos alcanzaban todos pudiéramos disfrutar de trozos de mendrugos del gran pastel de la riqueza nacional no queríamos saber de advertencias aguafiestas. Estas al lado de las críticas y las denuncias, desaparecían sepultadas bajo el alud de los presupuestos millonarios.

Nuestro admirado maestro y amigo, el senador Ramón J. Velásquez, ha dicho que desde el 27 y 28 de febrero de 1989 el pueblo está en la calle. Es cierto: el pueblo está en la calle a la espera de soluciones a sus problemas de inseguridad, de salud, de suministro de agua, de empleo, de vivienda. Está en la calle cívicamente, sin caer en los excesos de las minorías que saquearon y quemaron y ¡sin capuchas!!! Pero también están en la calle y en la prensa, la radio y la televisión los oportunistas con sus ambiciones desbocadas, que desde entonces explotan el sentimiento popular para abrir caminos a su desesperación del poder.

Ese trastrocamiento de valores y principios hace que hoy, nadie se acuerde de la decenas de jóvenes  -casi niños- que perdieron sus vidas el 4 de febrero por cumplir  lo que creían su deber en uno y otro bando. Mientras tanto se procura desde las tribunas del oportunismo y del cinismo político mostrar el heroísmo de opereta de quienes ordenaron derramar en vano la sangre de sus propios hermanos y compañeros de armas.