Fernando Ochoa Antich // Una gran injusticia

Fernando Ochoa Antich // Una gran injusticia
Imputar al general Ítalo del Valle Alliegro, por las violaciones de los derechos humanos ocurridos el 27 de febrero de 1989, es una gran injusticia. No se puede responsabilizar al ministro de la Defensa, de unos hechos realizados en unas operaciones descentralizadas, en donde las distintas unidades operativas estaban bajo el mando directo de oficiales y funcionarios policiales. Cada uno de ellos debió controlar la actuación de sus subalternos. En realidad, lo que busca el régimen chavista es falsificar la historia, con el fin de engañar a las nuevas generaciones. Eso siempre ocurre en los regímenes totalitarios. Buenos ejemplos son la Unión Soviética y la Alemanaza de Hitler. Stalin no sólo ocultó sus grandes crímenes, sino que buscó modificar la historia de Rusia y en particular la de la propia Revolución. Líderes fundamentales de ese proceso, como fueron Trotsky, Zimoviev, Kamenev, Bujarín y otros muchos, se transformaron de héroes en traidores. Hitler llegó al poder como consecuencia de los grandes errores de los líderes de la República de Weimar, pero también por haber convencido al pueblo alemán de que había perdido la I Guerra Mundial por culpa de la traición de los judíos y de los partidos democráticos.

El estallido popular se inició en la ciudad de Guarenas en la madrugada de ese día. El motivo de dicha protesta fue el exagerado incremento del costo del pasaje que impusieron, sin autorización oficial, los propietarios de autobuses, camionetas y automóviles por puesto. Los usuarios comenzaron a discutir con los conductores. El ambiente se fue enrareciendo, y de repente surgió la violencia. En minutos empezaron los saqueos. A las 6 am los desórdenes se circunscribían a Guarenas y Guatire; a las 8 am miles de personas protestaban en el centro de Caracas. Al mediodía, la violencia se había generalizado por todo el centro y el oeste de nuestra capital. A esa hora, empezaron los saqueos en negocios ubicados en El Silencio, en la avenida Sucre, en La Hoyada, en el Nuevo Circo, en la avenida Fuerzas Armadas, en el 23 de Enero, en la avenida Baralt, en Coche, en Los Flores de Catia y en Caricuao. En la tarde, los saqueos se habían extendido a toda la capital. La presencia de la Guardia Nacional y de la policía era débil e ineficiente. El presidente Carlos Andrés Pérez regresó de Barquisimeto a las 10 pm y pudo evaluar lo delicado de la situación.
En la mañana del 28 de febrero los medios televisivos mostraron imágenes de los saqueos ocurridos el día anterior y la complaciente actitud de la Policía Metropolitana y de la Guardia Nacional. Este hecho incentivó aún más los desórdenes públicos que comenzaron en otras ciudades del país. A las 5 pm el presidente Pérez suspendió las garantías constitucionales y ordenó a las Fuerzas Armadas iniciar operaciones para restablecer el orden público. Inmediatamente después, el presidente Pérez se dirigió a la Nación para informar las medidas dictadas por su gobierno y defender el programa económico. Durante la noche, el general Ítalo del Valle Alliegro informó a los venezolanos que las Fuerzas Armadas se habían hecho responsables del restablecimiento del orden público. Sus palabras tranquilizaron a la opinión pública, que se encontraba totalmente atemorizada por los saqueos. Sin embargo, la violencia no cesó. El miércoles 1 y el jueves 2 de marzo, las pobladas y los francotiradores se replegaron hacia los cerros. Las Fuerzas Armadas trataron de recuperar los objetos saqueados y tomar los puntos críticos de la ciudad. La presencia de unidades militares en las zonas populares generó fuertes intercambios de disparos. Los desórdenes públicos continuaron hasta la tarde del 4 de marzo. Ese día la violencia comenzó a moderarse.

La actuación de las Fuerzas Armadas ha sido severamente criticada. El número de muertos y heridos no ha sido fácil de justificar. Esto es verdad, pero debo señalar responsablemente que ninguno de los oficiales generales que comandaron las operaciones ordenó disparar a mansalva en contra del pueblo venezolano. Se requiere evaluar con objetividad lo ocurrido para tratar de encontrar una justa explicación de tan dolorosos hechos: no haber dictado a tiempo el decreto de suspensión de garantías; la debilidad estructural de la Policía Metropolitana y de la Guardia Nacional; el empleo del Ejército y la Armada, cuyos efectivos no están entrenados ni portan el armamento apropiado para operaciones de restablecimiento del orden público; el descontrol sobre pequeñas unidades de combate, ocurrido como consecuencia de la necesidad de patrullar en áreas escarpadas en operaciones de combate en localidades; y la tendencia a disparar que tienen tropas poco entrenadas. En conclusión, el 27 de febrero fue una tragedia nacional. Eso es verdad, pero estoy convencido que hubiese sido de mayor magnitud sin la intervención decidida de las Fuerzas Armadas. Por eso, estoy seguro que el general Alliegro tiene tranquila su conciencia. Lo único que hizo fue cumplir con su deber de militar y de venezolano.